HUELE A FRACASO

 

 

 


Esta Junta Directiva de la URE parece destinada a la acumulación de fracasos judiciales, algunos heredados y no atajados (desde la lógica: Cádiz) a su debido tiempo, y otros buscados desde el deseo que “matar al padre” (Trujillo y sus colegas de junta).

Desde el pasado 16 de septiembre, como se informa en la nota que aparece en la “web” de la URE, que estaban citadas las partes en un juzgado de lo social, al 1 de octubre en que está fechada la nota informativa, pasaron 15 días en los que, dado el tiempo que se tomaron, he de imaginar que estuvieron digiriendo cómo presentar el hecho a los socios. Porque tal cual está redactada esta nota informativa está claro que, llegado el día del juicio, el juzgador no ha dado la razón a los demandantes (URE) y la empleada que no aceptó modificar sus condiciones laborales sigue en su puesto de trabajo. Este es el hecho sustancial.

Que se suspenda el juicio y el juzgador “pida” a la demandante (URE) que amplíe la demanda a los ex directivos, desde mi ignorancia en estos asuntos me parece algo insólito: si el juez quiere oír a los ex directivos, en el tiempo transcurrido desde la presentación de la demanda los pudo haber citado como testigos o, si considerase que pudiesen existir responsabilidades civiles o penales, o ambas, como imputados; pero en el segundo caso la jurisdicción sería otra.

Porque (siempre desde mi ignorancia en estos asuntos) la presentación de una demanda, sea social o civil (en lo penal no hay demandas sino denuncias o querellas) precisa de la voluntad de la persona física o jurídica, y un juez carece de atribuciones (insisto en mi ignorancia) para exigirle a nadie que demande a un tercero o, como es el caso, terceros.

Lo que dice la nota informativa: “nada se pide por la URE a los citados exdirectivos y ello por entender que no es la jurisdicción competente” suena raro, raro, raro. Si se amplía la demanda a los cuatro ex directivos y resulta que no se pide nada por entender que no es la jurisdicción competente, entonces, la URE, pretende hacernos creer que está siguiendo unas instrucciones que un juez de lo social no puede imponer, ampliando una demanda en la que no pide nada. Si no pide nada, si no acusa de nada a los ex directivos ¿para qué los demanda?

En la LODA se contempla la posibilidad de que un directivo o los componentes de un órgano ejecutivo e incluso asambleario, incurran en responsabilidades en la toma de decisiones que hayan provocado alguna quiebra económica o daño para la asociación:

Artículo 15 Responsabilidad de las asociaciones inscritas:

1. Las asociaciones inscritas responden de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros.

2. Los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación.

3. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las demás personas que obren en nombre y representación de la asociación, responderán ante ésta, ante los asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes.

4. Las personas a que se refiere el apartado anterior responderán civil y administrativamente por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, y por los acuerdos que hubiesen votado, frente a terceros, a la asociación y a los asociados.

5. Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ningún miembro o titular de los órganos de gobierno y representación, responderán todos solidariamente por los actos y omisiones a que se refieren los apartados 3 y 4 de este artículo, a menos que puedan acreditar que no han participado en su aprobación y ejecución o que expresamente se opusieron a ellas.

6. La responsabilidad penal se regirá por lo establecido en las leyes penales.

Así que responderán “por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes” –y más adelante concreta: “responderán civil y administrativamente por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones…

Siempre, desde mi particular ignorancia, la ampliación de la demanda contra los cuatro exdirectivos tiene que imputar a éstos algún tipo de negligencia, o dolo, o culpa en algún daño causado o alguna deuda contraída, y dice que si existiesen esos daños responderán civil y administrativamente. Así que el juez, lo que le ha venido a decir (cosas de mi imaginación calenturienta) a la URE es que, en vez de demandar a la empleada por negarse a “renegociarlas condiciones de su contrato laboral algo a lo que nadie la puede obligar, lo que tiene es que demandar a los exdirectivos, si considera (URE) que existe algún daño o alguna deuda contraía de forma dolosa, culposa o negligente, por parte de éstos. Y eso no está en la jurisdicción de lo social, sino de lo civil. Y, claro, eso de los presuntos daños (o deudas) contraídos de forma dolosa, culposa o negligente hay que demostrarlo… y es absolutamente imposible demostrar algo que, al día de la fecha, no existe porque no hay deuda contraída ni daño causado. Además, la nota informativa dice que “nada se pide a los exdirectivos”.

A lo mejor me equivoco, pero la empleada ha ganado el pleito. Y, si lo ha ganado la empleada, lo ha perdido la URE.

Si hacemos memoria, en algún lugar me he referido este asunto pronosticando este resultado y la posición extremadamente delicada de esta JD ante el resto de la plantilla administrativa, que sí, que aceptaron a cambio de otras prebendas, renunciar a esa cláusula de sus personales contratos laborales. Si hubiese que hacer un ajuste de plantilla (un ERE, para que se entienda) ¿con qué jeta la JD puede despedir a ninguno de los que renunciaron a tan jugoso blindaje, y después del gangoso relato que hicieron de aquella renegociación?

Si todo esto no empezase a estar claro (me refiero al fracaso de las acciones judiciales en las que se embarca la JD) hay más: Dice la nota informativa que “en septiembre de 2009 acordaron (los directivos anteriores) dichos anexos de mejora”. Esto es un hecho documentado, así que habría que ir al Código Civil para informarse de eso que se llama “prescripción” y cuáles son los plazos.

Según el artículo 1968 prescribe por el transcurso de un año, entre otras acciones:

2.º La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1902, desde que lo supo el agraviado.

Y el artículo 1902 dice:

“El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.”

Volvemos al punto de partida: Hay que demostrar que existió daño, que hubo culpa, que se actuó con negligencia, y, recordar que si todo esto tuvo lugar en septiembre del 2009 y estamos en octubre del 2013, como decía el otro: “A buenas horas mangas verdes”.

Sin salirme de la hipótesis (basada en mi ignorancia) y si es cierto que la JD ha ordenado al abogado que amplíe la demanda a los cuatro ex directivos, sin imputarles daño causado, o conducta culposa, o conducta negligente, y para colmo, toda posible responsabilidad estuviese prescrita, sólo consigo llegar a dos conclusiones:

1.- La empleada ganó el pleito, y si la quieren despedir tienen que indemnizarla con 10.000 € por año de antigüedad, a mayores de lo que legalmente le corresponda. (Sobre 120.000 € o lo que es lo mismo 20 kilos de los de antes).

2.- El abogado debe de ser el profesional más feliz del mundo mundial, pues sigue currando para un cliente (URE) con unos dirigentes desnortados y unos asociados que “tragan” carros y carretas. Percibe sus honorarios por presentar demandas a sabiendas de que no sirven para nada.

Porque si a Trujillo y sus compañeros de directiva se les imputase por suscribir esos contratos, en la hipótesis del daño, dolo y culpa, les sugiero al presidente Fernández, rey de la estulticia, que me incluya en el paquete ampliaciones de demandas varias, pues en el año 2000 (más o menos) fui el presidente que prometió (y cumplió), a los miembros de la plantilla administrativa que tenían contratos temporales, que se los cambiaría por contratos indefinidos.

¡Pues mira: la culpa de todo la tiene Zapatero!

COMUNICADO AL QUE SE ALUDE:

El pasado día 16 de septiembre estaba señalado para su celebración el juicio por el que la URE solicitaba del juez la anulación del último de los denominados “anexos de mejora individual para cada trabajador” que queda vigente tras la renegociación llevada a cabo por la Junta Directiva presidida por EA5AD con los trabajadores de la Asociación, que uno de ellos no aceptó.

Antes de la celebración del juicio, el juez reclamó la presencia de los letrados de las partes y acordó suspender el juicio, requiriéndonos ampliar la demanda contra los miembros de la JDURE que habían acordado la ampliación de indemnización. El razonamiento expresado para ello por el juez era la necesidad de oírlos, por si pudiese existir alguna responsabilidad por su parte.

La dirección letrada de la URE en dicho procedimiento, pese a no compartir la opinión del juzgador, ha procedido a ampliar la demanda contra los miembros de la Junta Directiva de la URE que en septiembre de 2009 acordaron dichos anexos de mejora, es decir, EA7MK, EA3CUU, EA9IE y EA3BRA. En tal ampliación no se ha procedido a modificar el suplico de la demanda, por lo que nada se pide por la URE a los citados exdirectivos y ello por entender que no es la jurisdicción competente.


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