. PARDILLOS

(13 abril 2014)

 

Recibo un correo de un colega que me dice:

“Si me pregunto a quién perjudica que el juez dé por bueno (el contrato laboral de los 10.000 €) rápidamente me viene a la cabeza la URE y por lo tanto al conjunto de sus socios. No sé, se me debe de escapar algún matiz que no logro ver que la no anulación de dicho anexo beneficie a alguien, excepto a la trabajadora claro.”

En efecto, esa es mi tesis y así lo vengo exponiendo en mis comentarios. Y, si ocurre lo contrario, que sería una sentencia en la que la razón fuese para la empresa, también la empresa (por lo tanto el conjunto de sus socios) sale perjudicada, puesto que la empleada perdería ese derecho pero el resto de la plantilla no podría ser despojada de los derechos que, a cambio de una precipitada negociación y renuncia a esa cláusula de los 10.000 €, les concedió la actual Junta Directiva. Pero en mi respuesta al colega que me platea la cuestión le planteo a mi vez, algo bastante elemental: ¿Cuánto han costado esos nuevos derechos?

El colega me dice que “eran más días libres y alguna otra contrapartida”, que no recuerda ahora en qué consistían. Realmente parece que ignora en detalle esa información como la ignoran prácticamente el resto de los socios, aunque añade que “tendría que buscar en la revista” de lo que deduzco que esa información sobre el nuevo contrato fue publicada y difundida. Y en efecto, la he buscado y está colgada en la web.

Los directivos que se metieron en ese charco son unos pardillos y si tienen (insisto) un milivatio de vergüenza, en cuanto se conozca la sentencia deben de dimitir y salir corriendo sin siquiera quedarse a convocar elecciones, ya que ahora está prevista en el Estatuto la figura del presidente del Pleno como relevo circunstancial para convocarlas. Llamarles pardillos es casi un piropo…

Me dice otro colega, que en el juicio en Magistratura el pasado día 1 de abril estuvo como observador el colega del correo. Si estuvo, entonces presenciaría la intervención de Trujillo, EA7MK, y este expresidente en su testimonio se refirió a las condiciones que pusieron los miembros de la plantilla y que la Junta Directiva aceptó, para renunciar a la cláusula de los 10.000 €. O sea que, o estaba distraído en ese momento, o las conoce en detalle. Lo mejor es que las recordemos:

 

1 - En el caso de rescisión de la relación laboral por despido declarado improcedente, la opción para decidir sobre la percepción de indemnización o la readmisión en el puesto de trabajo, en las mismas condiciones del momento del despido, corresponderá al trabajador.

2 - En caso de despido objetivo o colectivo (sea o no procedente), o cualquier otro tipo de despido, excepto el despido disciplinario declarado procedente, la indemnización se equipará a la correspondiente por despido improcedente, que en ningún caso será inferior a una indemnización de 45 días de salario, por año de servicio, distribuyéndose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 42 mensualidades. Si en el momento de producirse el despido, la ley estableciera un baremo superior para el despido improcedente, será este el que se aplique.

3 - En caso de baja laboral del trabajador, la empresa complementará la prestación hasta el 100% la retribución salarial.

4 - El trabajador dispondrá de dos días de asuntos propios, que se añadirán a los que se establezcan en el acuerdo suplementario al convenio de oficinas y despachos.

5 - El trabajador podrá unir los días de asuntos propios a las vacaciones.

Inmediatamente, surge la pregunta elemental: ¿En base a que artículo del Estatuto, el que era en aquel momento representante de la empresa, Herrera, EA5AD, firmó estas nuevas condiciones contractuales con cada uno de los miembros de la plantilla que aceptaron negociar? La respuesta es de libro: En base al mismo artículo que le otorgaba esa facultad al que tenía ese mismo cargo cuando se firmaron los contratos de los 10.000 €, Trujillo, EA7MK. Pero resulta que no, que lo que hizo Trujillo no tiene base estatutaria para hacerlo pero Herrera, sí. Basta ver el largo preámbulo que pretende justificar los nuevos contratos:

 

"En virtud de las funciones propias encomendadas a esta Junta Directiva como órgano ejecutivo y de gobierno recogidas en el art. 21 y 26 del Estatuto, y en concreto la función de administración de la Asociación y de velar por el cumplimiento de la normativa de su Estatuto y su Reglamento de Régimen Interior, esta Junta Directiva ha observado irregularidades en acuerdos tomados por el anterior presidente, D. Diego Trujillo Cabrera, que perjudican o pueden perjudicar el normal funcionamiento de la Asociación y que pueden llegar a poner en peligro el patrimonio de la URE, derivados del acta de la Junta Directiva de fecha 12 de septiembre de 2009 en el que se aprueba un anexo de mejora indeterminado del contrato de los trabajadores y que D. Diego Trujillo materializa en la formalización de 12 acuerdos individuales, de fecha 14 de septiembre de 2009, con los respectivos trabajadores, en el que, de forma abusiva, sin aprobación expresa del órgano correspondiente en tales términos, sin supuesta facultad para firmar dichos acuerdos por actuar hipotéticamente fuera de los cauces legales que estipula el Estatuto y su Reglamente de Régimen Interior, y en perjuicio del interés de la Asociación y sus fines, pretende intervenir en representación de la URE y obligaría al pago de 10.000 € por año de servicio a cada trabajador firmante en caso de extinción del contrato laboral de estos por voluntad unilateral de la URE con independencia de la indemnización que legalmente procediera, sin atender a razón alguna.

Ante la presunta ilicitud de dicho acuerdo, y en aras de hallar una vía de resolución al problema de forma extrajudicial para la nulidad de dichos documentos, la Junta Directiva ha llegado a un acuerdo con los trabajadores implicados, excepto uno, para anular dichos anexos irregulares de mejora de los contratos laborales y como contraprestación a estas renuncias acuerda establecer unas mejoras para estos trabajadores menos gravosas para la Asociación que permitan el normal funcionamiento de la Asociación, tal y como consta a continuación:"

(El acta de JD del 12 de septiembre del 2009 nada dice de esos contratos)

 

La responsabilidad no es exclusiva del representante de turno de la empresa, sino que tales condiciones son fruto de acuerdos de Junta Directiva, y por lo tanto la responsabilidad atañe a todos ellos, y, aquí, nos vienen como anillo al dedo las dos sentencias del “caso exdirectivoscuyo motivo de expulsión ha sido el acuerdo de la firma de los contratos de la dichosa cláusula de los 10.000 €. Pero del preámbulo se deduce que el que toma el acuerdo de los 10.000 € es Trujillo, sin contar con el órgano ejecutivo: "ha observado irregularidades en acuerdos tomados por el anterior presidente", luego no se entiende que entre otras medidas se tomase la de expedientar y expulsar al resto de los directivos... si no tuvieron participación en la redacción de los contratos.

Si el acuerdo de firmar una cláusula concediendo un derecho en un contrato laboral es motivo para expedientar y expulsar a los directivos que no tomaron ese acuerdo, y primero un juez y luego un tribunal, así lo confirman, aquellos directivos que a continuación han acordado firmar otro contrato laboral concediendo nuevos derechos (por lo tanto, que no tenían) a los empleados, debe de ser, a su vez, motivo de expediente y expulsión de todos los miembros de la actual Junta Directiva, así como del presidente que era cuando se iniciaron todas estas diligencias. Porque considerando 10 miembros de la plantilla por 2 días retribuidos, nos da que el conjunto dispone de 20 días retribuidos en los que no se trabaja. Prácticamente un mes (si le sumamos sábados y domingos que ya tienen libres) que los pardillos han firmado presumiendo de que habían resuelto un problema, y siempre “disparando con pólvora del rey”, o sea: el dinero de los socios.

La compensación de los salarios en caso de baja es otro disparate, porque en una baja de larga duración el dispendio puede ser glorioso. Y siempre con el dinero de los socios. Perder la prerrogativa de que sea la empresa la que tenga la última palabra en un despido improcedente, entre las opciones de restitución del puesto de trabajo o indemnización convierte a esta empresa, casi con absoluta seguridad, en la única de los varios miles que existen en España que ha perdido esa prerrogativa. Todas estas novedades contractuales para que renunciasen a la dichosa indemnización, son hechos que están costando dinero pues llevan en vigor más de dos años, mientras que la indemnización de la empleada que no aceptó la renuncia no ha costado otra cosa que los gastos de la asesoría jurídica en Magistratura y los derivados de la sentencia que sea dictada, y siempre por iniciativa de la Junta Directiva y no de la empleada.

Pero está alegando el actual presidente (no electo) Fernández, EA1YO, que a él ni a sus compañeros de directiva, cuando se hicieron cargo de las poltronas, no se les informó de la existencia de esos contratos… y, delante de la magistrada y en el juicio recién celebrado, el expresidente Trujillo, EA7MK, declaró que tanto en el congreso celebrado en Albacete (en la puerta del hotel para más detalles) como más tarde en la asamblea electoral celebrada en Madrid, el que luego sería presidente, Herrera, EA5AD, sí fue informado de estos extremos; que otra cosa es que él no considerase, en aquellas fechas, necesario informar al resto de los que componían la candidatura que luego resultaría elegida. En cualquier caso la importancia de que tal cuestión se conozca antes o después es baladí, pues los miembros de la actual directiva para poner en marcha todas las acciones contra los exdirectivos y contra la empleada, tienen que ser, previamente, conocedores de los contratos. (Bastante elemental).

No sé hasta dónde la dignidad y la vergüenza de estos directivos alcanzarán para autoaplicarse la misma doctrina que aplicaron a sus antecesores. A lo mejor resulta que tienen grandes dosis de dignidad y de vergüenza… como decía aquel sabio: “La tienen toda porque no la gastan”. Tampoco tengo claro cómo reaccionarán los miembros del Pleno y el resto de socios. Voy conociendo y por diversas fuentes, que hay un “Plan B” para despedir a la empleada aun a pesar de que ganase este pleito: Consistiría en despedirla y no indemnizarla más allá de lo que establece la Ley, de manera que si no está conforme que reclame ante los tribunales esos 10.000 € por año trabajado. Es evidente, y así me lo recuerda el colega del correo, que cada año que va pasando esta empleada va acumulando a su indemnización por despido 10.000 €, de manera que dentro de 20 ó 25 años la indemnización, en caso de despido, puede ser antológica alcanzando los 400.000 €. (Más de 65 millones de las desaparecidas pesetas). En consecuencia, me añade el colega del correo, como empresario que soy despediría a esta empleada y que fuese ella a reclamar… (Plan B de la JD).

El colega del correo también analiza, si bien someramente, la posibilidad de exigir responsabilidades civiles a los ex directivos por firmar tales contratos… pero, pienso yo, ante un tribunal esas responsabilidades no pueden ser etéreas sino concretas: ¿Qué se reclama? ¿Cuánto se reclama? Tendría, la empresa, que fijar una cantidad y demostrar que se gastó ese dinero en indemnizar a la empleada, algo que, de momento, no existe. Reclamar por la vía Civil algo que puede pasar sin que haya pasado lo veo complicado. Además, si la actual directiva entrase en este terreno (como entró en el “caso exdirectivos”) no puede obviar que son responsables de acordar los nuevos contratos laborales con condiciones penosas para la empresa… y que con la misma doctrina deberían de ser expedientados y expulsados, aunque, como bien sabemos, resulta que lo que equivale en términos de estructura democrática al “poder judicial”, en esta asociación lo ejerce el ejecutivo, o sea: los mismos que tendrían que autoaplicarse la doctrina que aplican a los demás… y claro, resultan intocables.

Son pardillos y están cazados en su propia jaula. Si tienen dignidad y vergüenza tienen que dimitir (todos) y que se ponga al frente de la asociación el presidente del Pleno (artículo 30-i del Estatuto) para, seguidamente, convocar elecciones a Junta Directiva.

(Volver a QRX...)