. PATOS PATAGÓNICOS:

Cada pisada una cagada

(10 mayo 2014)

 

Ya hay sentencia en el “caso contratos”. La JD de la URE ha tenido un buen gesto y la ha colgado en la “web” oficial, precedida nada menos que de una “nota explicativa” (por si no sabemos leer), que reproduzco y en la medida que se avanza en su lectura, aparenta que se va llegando a la conclusión de que el pleito lo ha ganado la URE.

Nota explicativa de la sentencia del Juzgado de lo Social nº 28 de Madrid

Viernes, 09 de Mayo de 2014 09:30

El pasado día 8 de Mayo 2014 han notificado a la URE la sentencia del Juzgado de lo Social número 28 de Madrid, por la que desestiman la demanda presentada por la URE contra una trabajadora solicitando la anulación del último anexo de mejora que firmó la anterior Junta Directiva presidida por Don Diego Trujillo.
Dicha sentencia, tras rechazar las excepciones formuladas por la dirección Letrada de la trabajadora, califica la indemnización pactada (10.000 € por cada año trabajado y sin perjuicio de la indemnización que legalmente le correspondiera) como desproporcionada y que, de llegar a consumarse, podría originar un grave quebranto a la URE, pudiendo esta última ejercitar contra todos los miembros de la Junta Directiva firmante la correspondiente acción para el resarcimiento de los daños y perjuicios.

La sentencia, tras reconocer que no era verdadera la causa alegada por la anterior Junta Directiva para la firma de dichos anexos de mejora individual (Reivindicaciones salariales presentadas a la Junta Directiva por su representante sindical y no elevar los salarios de los trabajadores más de lo que correspondiera por el Convenio Colectivo), señala que la verdadera causa consistía en la intención de la anterior Junta Directiva de proteger a los trabajadores en una época en que había fuertes críticas contra ellos, y ello en previsión de que tales socios pudieran ser elegidos como miembros de una futura Junta Directiva y que se fundamenta en el espíritu de liberalidad empresarial de la URE.

La Junta Directiva de la URE no está conforme con la expresada sentencia y procederá a recurrirla en suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Cierto que dicen que “desestiman la demanda presentada por la URE”, pero seguidamente van enumerando cómo la sentencia desestima las argumentaciones de la parte demandada (luego veremos que es la empleada y los exdirectivos): “rechazar las excepciones formuladas por la dirección Letrada de la trabajadora”, “califica la indemnización pactada (10.000 € por cada año trabajado y sin perjuicio de la indemnización que legalmente le correspondiera) como desproporcionada”, y que, “de llegar a consumarse, podría originar un grave quebranto a la URE”, pudiendo esta última “ejercitar contra todos los miembros de la Junta Directiva firmante la correspondiente acción para el resarcimiento de los daños y perjuicios.”

Visto lo que precede no se alcanza a conocer que la demanda haya sido desestimada, más bien parece lo contrario. Pero, sigamos leyendo:

La sentencia, tras reconocer que no era verdadera la causa alegada por la anterior Junta Directiva para la firma de dichos anexos de mejora individual (…) señala que la verdadera causa consistía en la intención de la anterior Junta Directiva de proteger a los trabajadores”.

O sea: la verdadera causa de la firma de esos contratos, según la sentencia, obedeció al deseo de la anterior JD de proteger a los empleados, dadas las fuertes críticas que se estaban produciendo por parte de algunos socios. ¿Dónde está la irregularidad? ¿Qué importa la causa si los contratos son legales?

En cuanto a exigirle responsabilidades subsidiarias a los exdirectivos, dudo que prosperase tal intento. En la sentencia se deja claro que no existe ánimo fraudulento por parte de éstos. Además, el presunto daño antes de demandarlo tiene que haberse producido. Si no hay despido no hay daño que reclamar ni responsabilidades subsidiarias. Tampoco hay un baremo que establezca que una indemnización de 10.000 euros sea abusiva, exagerada o desproporcionada y otra de 45 días de salario sea la justa... cuando a ejecutivos los blindajes son multimillonarios.

Si repasamos lo que sobre el “caso contratos” y el “caso expulsiones” se lleva escrito y divulgado por unos y otros, esta explicación no tiene otro objeto que manipular lo que, como en los patos patagónicos viene siendo una constante en estos dirigentes: cada pisada una cagada. Porque todo lo que ahí se dice ya está comentado y analizado hasta la saciedad, y todo, y por más jeta que le pongan para ocultar la verdad de la sentencia, se concreta en si los contratos son válidos o no lo son, o lo que es lo mismo: si el presidente de la URE, como representante de la “empresa” tiene o no tiene atribuciones para firmarlos. Porque si tal cual se presenta el hilo argumentario de la “explicación” todo lo que expone la sentencia son razones a favor de la URE, pasmao se queda uno de que al final la JD “no está conforme con la expresada sentencia y procederá a recurrirla”. Porque lo normal es que se recurra aquello que no te da la razón, no lo que te la da. Y claro, te vas a la sentencia y lo primero que se consulta es el FALLO, y dice:

“Que, desestimando la demanda formulada por Unión de Radioaficionados Españoles contra Doña xxxxxxxxxxxxxxx, Don Diego Trujillo Cabrera, Don Pere Espunya I Crespo, Don Juan José Rosales Fernández y Don Antonio Baqués Roviralta, debo absolver y absuelvo a los demandados de los pedimentos deducidos en su contra.”

Todo el resto de explicaciones que a este FALLO se le puedan añadir son ganas de meneársela a un muerto. La demanda presentada por la JD de la URE (lo mismo que ahora el recurso que anuncian) con el dinero de los socios, ha sido desestimada, rechazada y la empleada sigue en su puesto con todos sus derechos y, en caso de resolución unilateral del contrato por parte de la URE, además de lo que le corresponda por los convenios ordinarios, son 10.000 euros por año de antigüedad. Si mis cuentas no me fallan alrededor de 15 años, 150.000 euros. Mas lo que se vaya generando con el paso de los años. Esto último puede acabar siendo el patrimonio inmobiliario de la URE, y no quiero imaginarme a esta empleada (que entró a trabajar muy joven y por lo tanto es joven) dentro de 30 años, cabreada con los jefes y forzando el despido para irse para su casa con 600 ó 700 mil euros. Más: Ojo con el trato que se le da pues cualquier tipo de presión le puede costar cara a la URE.

En cuanto a los exdirectivos tres cuestiones:

Una de formas: ocultan en la sentencia el nombre de la empleada, pero no ocultan los nombres de los exdirectivos. Lo dicho: son como los patos patagónicos…

Otra de fondo: todas las consideraciones de la sentencia son puramente superficiales, ya que lo sustancial es que se da por válido el contrato, y esto no sería así sin previamente reconocer las atribuciones de los firmantes del mismo.

Y la tercera, una paradoja: si la sentencia da por bueno el contrato y por lo tanto las atribuciones de quienes lo firman, no se entiende de que por la vía Civil otra instancia haya confirmado la expulsión de estos exdirectivos.

Pero aún queda en el aire una cuestión que siembra de interrogantes la capacidad intelectual del autor de las “explicaciones”. Porque en ellas se da como probado en la sentencia que los contratos se firmaron previo acuerdo de la JD que presidía Trujillo. Pero si nos retrotraemos a las “explicaciones” (12 de mayo del 2011) con las que la actual JD justifica la apertura de expedientes disciplinarios a los exdirectivos, resulta que no, que el señor Trujillo actuó sin el respaldo de la JD. Veámoslo, pues no tiene desperdicio:

En virtud de las funciones propias encomendadas a esta Junta Directiva como órgano ejecutivo y de gobierno recogidas en el art. 21 y 26 del Estatuto, y en concreto la función de administración de la Asociación y de velar por el cumplimiento de la normativa de su Estatuto y su Reglamento de Régimen Interior, esta Junta Directiva ha observado irregularidades en acuerdos tomados por el anterior presidente, D. Diego Trujillo Cabrera, que perjudican o pueden perjudicar el normal funcionamiento de la Asociación y que pueden llegar a poner en peligro el patrimonio de la URE…

O sea: la JD que presidía Enrique Herrera Arce se apoya en atribuciones que están recogidas en los artículos 21 y 26 del Estatuto, para cuestiones de la administración de la Asociación, y ha observado irregularidades en acuerdos tomados -¡ojo!- por el anterior presidente, Trujillo, que perjudican o pueden perjudicar (…) y que pueden poner en peligro el patrimonio de la URE. Intentaré interpretar estas frases: “hay irregularidades” pero dicen que en acuerdos tomados por Trujillo, luego no se entiende que expedientasen por el tema contratos a Espunya, Rosales y Baqués, si el que comete las irregularidades es Trujillo.

…derivados del acta de la Junta Directiva de fecha 12 de septiembre de 2009 en el que se aprueba un anexo de mejora indeterminado del contrato de los trabajadores y que D. Diego Trujillo materializa en la formalización de 12 acuerdos individuales, de fecha 14 de septiembre de 2009, con los respectivos trabajadores, en el que, de forma abusiva, sin aprobación expresa del órgano correspondiente en tales términos, sin supuesta facultad para firmar dichos acuerdos por actuar hipotéticamente fuera de los cauces legales que estipula el Estatuto y su Reglamente de Régimen Interior, y en perjuicio del interés de la Asociación y sus fines, pretende intervenir en representación de la URE y obligaría al pago de 10.000 € por año de servicio a cada trabajador firmante en caso de extinción del contrato laboral de estos por voluntad unilateral de la URE con independencia de la indemnización que legalmente procediera, sin atender a razón alguna.

¡Bufff! La justificación de los expedientes insiste en que el que acuerda los contratos es Trujillo: materializa la formalización de 12 contratos sin aprobación expresa del órgano correspondiente, pero no dice que órgano es ese e, imaginando que es la JD, si ésta no ha intervenido ¿por qué se expedienta y luego expulsa a Espunya, Rosales y Baqués? Pero es que literalmente consta que es un acuerdo de JD plasmado en el acta de la reunión celebrada el 12 de septiembre del 2009. Como son patos patagónicos, pues lo dicho: cada pisada una cagada. Porque el acuerdo dice que contiene mejoras indeterminadas, y el órgano competente no dice cuál es. Las mejoras indeterminadas son los 10.000 euros por año trabajado, que si no llega a producirse el despido, cada año, la indemnización crece en esa cuantía. Pues bien, anulados esos contratos (menos uno) el presidente Herrera Arce firma unos nuevos, tras acuerdo de JD, que se intuye que es el órgano competente, y por lo tanto su firma como representante de la empresa tiene la misma validez que la de Trujillo. Es más, en los nuevos contratos la indemnización por despido es igual de indeterminada que en el anterior, pues no importa la cuantía de lo que hay que pagar, sino el hecho de que, por cada año trabajado se indemnice con 45 días de salario. Como no se sabe cuando se dará el caso de un despido, la cuantía dependerá de los años de antiguedad lo mismo que en el caso de los 10.000 euros.

Sí, como los patos patagónicos, cada pisada una cagada, y para que no quede duda de que no saben ni lo que escriben ni lo que quieren, si nos trasladamos a la recién conocida sentencia de lo social, resulta que la misma JD que dice que el acuerdo de los contratos es una cuestión del presidente sin intervención del órgano competente, demanda, además de a la empleada, a Espunya, Rosales y Baqués, cuando el responsable de las presuntas irregularidades y según la JD sería, de existir, Trujillo. Patos patagónicos: cada pisada una cagada… con el dinero de todos, se entiende.

Pero el preámbulo justificador de los expedientes aun precisa más: pretende intervenir –Trujillo- en representación de la URE (…) sin supuesta facultad para firmar dichos acuerdos por actuar hipotéticamente fuera de los cauces legales que estipula el Estatuto. ¿Cómo, que pretende? Lo hace desde la misma base estatutaria y representativa que Herrera cuando acuerda anular los contratos y firmar otros nuevos. No importa si un contrato contenía mejores o peores condiciones para la empresa, que los dos son altamente onerosos, especialmente el firmado por Herrera: importa si el presidente tiene o no tiene atribuciones para tomar ese acuerdo y firmarlo, y tiene exactamente las mismas atribuciones estatutarias Trujillo, que Herrera, que Fernández o que cualquiera de los que lo fueron o los que vengan porque ese tipo de atribuciones vienen dadas por la Ley de Asociaciones. Si todavía alguien duda, la sentencia es explícita porque da validez al contrato y por lo tanto a las atribuciones de las partes para suscribirlo. Y aun va más lejos cuando se refiere a las responsabilidades subsidiarias de los exdirectivos que no las toma en cuenta: Se alega por la parte actora -dice la sentencia- un ánimo fraudulento (que no se prueba) y tampoco consta que ese “blindaje” a los empleados se extendiese a los directivos (…) como tampoco, una vez expulsados éstos, hubiesen ejercido ese derecho a la indemnización. Por lo tanto es falso que haya habido intenciones fraudulentas por parte de los anteriores directivos, y en la propia demanda la actual JD tras acusar a Trujillo de actuar sin el respaldo del órgano competente (se supone que “su” JD) el hecho de expedientar a Espunya, Rosales y Baqués, desvirtúa ese argumento, que ya, en la demanda de lo social y en la sentencia, es palmario que sí, que Trujillo ejecutó un acuerdo del órgano competente, ya que así queda probado cuando a la empleada y a Trujillo, Espunya, Rosales y Baqués, los absuelven de todo tipo de responsabilidad y se da el contrato por válido.

El resto del preámbulo justificando la actuación de la directiva de Herrera, es otra pisada de pato patagónico, y por lo tanto, otra cagada:

Ante la presunta ilicitud de dicho acuerdo, y en aras de hallar una vía de resolución al problema de forma extrajudicial para la nulidad de dichos documentos, la Junta Directiva ha llegado a un acuerdo con los trabajadores implicados, excepto uno, para anular dichos anexos irregulares de mejora de los contratos laborales y como contraprestación a estas renuncias acuerda establecer unas mejoras para estos trabajadores menos gravosas para la Asociación.

¿Presunta ilicitud de dicho acuerdo? Si es ilícito se siguen los pasos que se han seguido con la empleada. Si no se está seguro de que exista ilicitud, se envaina y punto pelota. Machadas en temas laborales las mínimas. En cuanto a la afirmación de que los nuevos contratos contienen mejoras menos gravosas para la empresa es una afirmación voluntariosa de parte. Los contratos tal cual estaban eran incumplibles pues prácticamente sumando las indemnizaciones de dos de ellos se rebasaba la capacidad patrimonial y económica de la Asociación. Todos… ¡ni te cuento! Los nuevos contratos ya están obligando a la URE a un gasto importante cada año y van tres desde que entraron en vigor. Es más: una de las cláusulas dice que las indemnizaciones que estaban en vigor en aquella fecha, la de 45 días por año trabajado, no puede ser modificada a la baja, aunque cambie la normativa laboral, pero sí en caso de que la modificación sea al alza. Así que, estas últimas reformas en el despido que me parece que rebajaron los días a 25 por año trabajado, en la URE no cuentan, y su plantilla (la que firmó los nuevos contratos) mantiene los 45 días por año trabajado.

¿Cuánto lleva costado esta broma?

Patos patagónicos… cada pisada, una cagada.

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