FALLA LA PREMISA

 

 

 

Pardeiro se fue de pesca (no al langostino de Argelia) y no pudo mantener el pulso del debate sobre la “Ley Lynch”, y, ahora, a su regreso, vuelve, por tercera vez a explicarnos en qué consiste alcanzar la Justicia prescindiendo de las cuestiones formales. Insiste en que no consiste en ahorcar a un cuatrero por las buenas. Pero falla que parte de una premisa equivocada, que resulta de una situación que no existe.

La justicia de “Lync” era el “linchamiento”. A un ciudadano se le acusaba de un delito y como consecuencia había que ahorcarlo; era, además, un tipo muy mal visto por la vecindad. Merecía ser colgado sin mayores formalidades. Pero, al llevar a cabo esas formalidades (garantías jurídicas) resultaba que el ciudadano era inocente de lo que se le acusaba, o, cuando menos, aquello de lo que se le acusaba no era delito. La tesis de Pardeiro es que, aunque no sea culpable formalmente, del delito que se le imputaba, merecía, por ser un vecino incómodo y poco de fiar, que se le ahorcase, y en la interpretación de ese “espíritu”, se le ahorcaba sin necesidad de garantías jurídicas.

En esta hipótesis recogida de un post en el foro de la URE, justifica su idea y dice:

Aplicando en este caso el espíritu de la Ley de Lynch.

Imaginemos que a un socio el moderador le cierra el acceso al mismo durante dos meses.

El socio hace alegaciones a la JD sobre ese acuerdo que le afecta.

La JD rechaza sus alegaciones y el socio alega a la CG.

Como la CG tiene dos meses para pronunciarse y se detecta que se puede crear una situaron injusta cumpliendo la cuestión formal que marca el Estatuto en sus tiempos y formas de alegaciones, en este momento la JD debe de levantar la sanción hasta que la CG se pronuncie.

Si la CG da la razón al socio, el perjuicio es mínimo.

Si la CG da la razón a los criterios de la JD, se retoma la sanción por el resto de tiempo que quedara para el cumplimiento de la misma.

Lo que quería decir y digo otra vez, es que la cuestión formal, el procedimiento establecido o lo que fuere, si se detecta que puede ocasionar situaciones injustas, no debe de primar nunca, lo que prima es que lo resuelto sea justo.

De entrada, si se aplicase la "Ley Lynch", el socio habría sido linchado y el perjuicio sería irreparable.

En el ejemplo se olvida de lo esencial: Ni el moderador, ni la JD, tienen atribuciones para imponer una sanción obviando las formalidades que establecen la normativa de la URE, los derechos que otorga a los asociados la de la Ley de Asociaciones y la Constitución Española.

Olvida que las leyes y las normas no son todas iguales, y unas tienen más rango que otras, y las de menor rango (pongamos la normativa de la URE) no pueden imponerse por encima de las de mayor rango (pongamos Ley Orgánica del Derecho de Asociación, y no digamos Constitución Española).

Olvida que esta Ley establece que todos los acuerdos de una asociación (sean el órgano que sean) si no respetan lo que en ella se establece, son nulos de pleno derecho.

Por lo tanto, el problema no radica en que se siga escrupulosamente el camino que marcan las normas del foro, sino que esas normas no se pueden aplicar por cojones, como se están aplicando, sino que mientras el procedimiento de amparo que finaliza en la CG no se haya completado, al socio no se le puede cerrar el acceso escrito al foro.

El moderador no puede tener atribuciones que el Estatuto reserva exclusivamente al presidente de la URE (ordenar la apertura de expediente) y a la Junta Directiva (sancionar), y no vale el acuerdo de la última AG, porque se toma el acuerdo pero no se modifica el Estatuto, ya que, para que el moderador tenga esa atribución, hay que modificar el Estatuto y retirársela al presidente y a la JD. Esto, contemplado desde nuestro ordenamiento jurídico; en una visión más amplia, ningún ciudadano español puede ser obligado a cumplir una sanción o una condena, sin previamente haber sido escuchado y aceptar a trámite su defensa. Sólo, cuando las formalidades de la defensa se hayan agotado, si resultase sancionado, se podría imponer su cumplimiento.

Pero ¿cómo nos defendemos de los artropellos de estos directivos? Evidentemente ante la CG, que, equivocadamente, y ya con la sanción cumplida, respalda el acuerdo de JD "para reforzar la figura del moderador". Ante esta situación, no queda otra que el amparo judicial. Como no vale la pena tal esfuerzo, ellos, se mantienen en su arbitraria postura, y la mayor parte de los socios, hacen que no se enteran.

Y esto es lo que no se está respetando en la URE, donde salvo algunas excepciones, y si nos ceñimos al foro peor, se contempla cómo se arrasan los derechos de los asociados, se mira para otro lado, y se deja hacer a sabiendas de que no se acudirá, como dejo dicho, a reclamar en sede judicial. Esa conducta (y la de quienes callan) es propia de canallas, y, a la larga, deja huella en la imagen de la Asociación.

El documento sobre esta situación, que data de los primeros meses del año 2011, es un ejemplo de cómo se ha ocultado el dictamen de un presidente del Pleno (abogado para más señas), para poder masacrar a un socio discrepante, que no aceptó los argumentos que pretendía imponerle el presidente Enrique Herrera Arce (destacado ejecutivo de la empresa “KCBN Pesca” declarada en paradero desconocido e insolvencia temporal en varios boletines oficiales), como se ocultó otro dictamen sobre las atribuciones de la AG y la nulidad de los acuerdos para los que carece de atribuciones, para poder masacrar a otro. Y así más casos.

Por lo tanto, el ejemplo no es válido ya que falla la premisa de que se parte: No se puede impòner una sanción y ejecutarla en el mismo acto. Y de poco sirve que cambiemos mil veces el Estatuto, si delante de todos, el tal Herrera, se lo pasa por la entrepierna.

 

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