PRINCIPIO DE PRIVACIDAD
(A buenas horas mangas verdes…)

 

G. Belay.- EA1RF.

14/05/15

 

Pues sí, en la Unión de Radioaficionados Españoles, a veces, los dedos se les hacen huéspedes y el presidente que acostumbra a pasarse las normas por el forro de la entrepierna, se asesora y se apercibe de que existe una ley nada menos que orgánica, llamada de “Protección de Datos”, y que en la “web” que este colectivo social tiene abierta, el responsable de los desmanes que en ella se produzcan, es él.

Pues decía yo que sí, que se han apercibido y tratan de advertir una serie de cuestiones sobre los datos de socios (y no socios) que disponen en sus ficheros informáticos, de origen personal y por lo tanto sujetos a privacidad. Que sí, que es cierto todo lo que advierten, pero como decía el clásico, a buenas horas mangas verdes…

El indicativo de un socio (o de un no socio) que aparece en los ficheros, es un dato personal. Hasta hace apenas nada, un imbécil había decidido que aquel socio que en su derecho (porque la revista –sea digitalizada o impresa- es un servicio básico que se paga con la cuota básica, o sea: se compra) la “descarga” total o en parte, se viniese a encontrar con que todas y cada una de las páginas “descargadas” llevaban su indicativo en la parte superior e inferior, repetido varias veces, como marca de agua, para determinar un seguimiento de lo que con ella hiciese, un hecho que en términos penales puede constituir un delito de seguimiento y espionaje, si no media una orden judicial. Evidentemente, ni antes ni ahora con la publicación de la advertencia, la URE puede utilizar el indicativo de ningún socio sin su consentimiento expreso, y menos para el seguimiento ilegal del uso que se haga de la revista.

El desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento. La LOPD existe desde que se publicó en el BOE en 1999, y obliga a su cumplimiento, aunque el presidente de la URE (o sus asesores expertos en grúas y trapabocha) se hayan venido a enterar ahora. Y obliga, además de a todos los socios y no socios, a los miembros de la directiva de la referida URE.

Cuando una publicación (impresa o digital) es difundida, no se le puede imponer por parte del editor ningún tipo de cortapisa, ni establecer un “secuestro” parcial de su conocimiento en el tiempo. O se difunde o, si no se quiere que toda o parte se conozca, no se difunde y punto pelota. Pero una vez editada y puesta en manos de los destinatarios, que previamente con el recibo anual la han pagado, los ejemplares pertenecen a los destinatarios y estos están en su derecho a hacer con ella, como queda dicho, lo que les venga en gana, sin venir obligados ni directa ni indirectamente a dejar un rastro que el editor pueda controlar. No conviene olvidar, en este aspecto, que desde la existencia de la revista de la URE, incluso se probó a venderla en los kioskos, por lo tanto, con un precio fijado en su cubierta, desistiendo al cabo de cierto tiempo ante el fracaso de la idea. Sólo la existencia de este precedente (además de la posible ilegalidad del uso de los indicativos de los socios) es suficiente para dejar en ridículo el cerebro que “inventó” lo de la marca de agua, y no quiero pensar en que algún socio se le ocurriese denunciarlo, con base en la normativa que ahora difunden, en qué pudiese parar esa denuncia.

La Ley 34/2002 (LSSI.CE) a la que también se refieren, establece en su preámbulo:

“Se favorece igualmente la celebración de contratos por vía electrónica, al afirmar la Ley, de acuerdo con el principio espiritualista que rige la perfección de los contratos en nuestro Derecho, la validez y eficacia del consentimiento prestado por vía electrónica, declarar que no es necesaria la admisión expresa de esta técnica para que el contrato surta efecto entre las partes, y asegurar la equivalencia entre los documentos en soporte papel y los documentos electrónicos a efectos del cumplimiento del requisito de "forma escrita" que figura en diversas leyes.”

Resulta chocante que los órganos de gobierno de la URE, que se define en el artículo 5-e) “como una asociación que estimula la investigación radioeléctrica, electrónica y de radio comunicación en general” remitan a sus asociados a una ley que “favorece la celebración de contratos por vía electrónica”, y al mismo tiempo se mantengan en prácticas que datan del principio del Siglo XX negándose a dar validez a los contactos con corresponsales que no lo acrediten mediante QSL física, cuya autenticidad es muchas veces discutible. Es, entre otras, una prueba de las prácticas obsoletas de una federación internacional (IARU) que no encuentra el camino de la evolución social, ni es capaz de sostener la fidelidad de sus asociados sin que medie el interés del tráfico de QSL, al no aportar sus dirigentes nada nuevo que anime a los radioaficionados a pertenecer y sostener el tinglado, cada vez más obsoleto como ya dejo dicho. Y en términos de URE, una de las herramientas de interés para el radioaficionado que bien compuesta en su contenido y bien presentada, como es la revista, se pretenda manejar como medio exclusivista de una casta de estúpidos que cierran puertas y fomentan odios, pretendiendo que al echar las redes en los ambientes de la Banda Ciudadana lograrán rellenar un censo de socios en franco derrumbe, cuando esa revista y su penetración en los ambientes de los aficionados, es el medio más potente de captación de futuros socios.

Hay decenas de cientos de ex socios de la URE cuyos datos personales privados todavía figuran en sus ficheros, como domicilios, teléfonos o cuentas bancarias, circunstancia que estos ignoran, cuando la URE tendría que haber procedido a su destrucción una vez que abandonan la condición de socios. Así que recuerdan las leyes que ellos mismos incumplen. Bastaría que un juez ordenase un registro imprevisto para pillarlos con el carro de los helados…

 

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