ACLARANDO... QUE ES GERUNDIO

 

 

 

G. Belay.- EA1RF.

09/03/2017

 

Me llega este c.e. dirigido a alguien que en su momento hizo un comentario en el foro de la Unión de Radioaficionados Españoles, y que ahora tras el paso de unos cuantos meses, el comentario resultó un poco precipitado. Se trata de una sentencia en apelación, y es muy interesante por la jurisprudencia que supone el hecho de prevalecer el derecho de información e incluso los "modos" que se puedan utilizar, sobre el derecho al honor y a la imagen de aquellos que aspiren a ejercer cargos electos.

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La Audiencia Provincial revoca la sentencia del Juzgado de San Fernando (Cadiz) que condenaba a Juan José Rosales Fernández EA9IE y desestima la demanda de José Manuel Carrillo Luque EA7DJQ.

 


Buenas tardes.

Recibes este correo por ser uno de los usuarios del Foro de la URE que escribió en el hilo abierto por EA7DJQ el 24 de octubre de 2015 anunciando mi condena por vulneración a su honor y a su propia imagen mediante sentencia emitida por un Juzgado de San Fernando, lugar de residencia del demandante.

Asimismo, y según decía EA7DJQ, a que se publicara a mi costa el texto de la sentencia de aquel juzgado en el Foro de la URE (sic)

Y por último, a indemnizarle con un importe de 1.500 euros mas intereses legales.

El título del hilo no podía ser más presuntuoso LA JUSTICIA ES LENTA, PERO LLEGA.

Pues bien, algo mas de un año después, y precisamente el día de mi cumpleaños, -el 7 de marzo de 2017- un Tribunal Superior como es la Audiencia Provincial de Cádiz ha revocado en su totalidad la sentencia de aquel juzgado, ha desestimado la demanda de EA7DJQ en todos sus términos y me ha absuelto de todas las imputaciones. Bonito regalo de la justicia por mi cumpleaños. Y es que LA JUSTICIA ES LENTA, PERO LLEGA.

Como estoy casi convencido que EA7DJQ no va a publicar la sentencia de este Tribunal Superior por razones obvias, te lo comunico y te adjunto un pdf con la citada sentencia absolutoria que, como sabes, es un documento abierto al público.

Decirte que no pedí en mi apelación la obligación de publicar una posible sentencia absolutoria en el Foro de la URE por aquello de lo que se conoce como las condenas del telediario.

73' cordiales
Juan José Rosales

 

La sentencia completa va a continuación y advierto que este tipo de documentos resultan un poco complicados de leer, y a veces complejos, por la jerga jurídica que emplean los jueces... pero contiene mucha doctrina y base para conocer nuestros derechos y sobre todo ejercitarlos... algo que a veces no hacemos.

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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 1 de SAN FERNANDO
JUICIO ORDINARIO Nº 1262/2010
ROLLO DE SALA Nº 345/2016
En Cádiz, a 7 de marzo de 2017.


La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz, integrada por los Ilmos.
Sres. reseñados al margen, ha visto el Rollo de apelación de la referencia, formado para
ver y fallar la formulada contra la sentencia dictada por el citado Juzgado de Primera
Instancia y en el Juicio que se ha dicho.

En concepto de apelante ha comparecido DON JUAN JOSÉ ROSALES
FERNÁNDEZ
, representado por el Procurador Sr. Rosa Leria y asistido por el letrado
Sr. Marfil Atienza.

Como parte apelada ha comparecido DON JOSÉ MANUEL CARRILLO
LUQUE,
representado por el procurador Sr. Funes Toledo y asistido por el letrado Sr.
Pérez Matallana y el MINISTERIO FISCAL.

Ha sido Ponente la Magistrada Sra. Carranza Herrera, conforme al turno
establecido.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Formulado recurso de apelación ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 1
de San Fernando por la parte antes citada contra la sentencia dictada el día 18/09/2015
en el procedimiento civil nº 1262/2010, se sustanció el mismo en legal forma. La parte
apelante formalizó su recurso en los términos previstos en Ley de Enjuiciamiento Civil y
la apelada, por su parte, se opuso instando la confirmación de la resolución recurrida,
remitiéndose seguidamente los autos a esta Audiencia para la resolución de la apelación.
SEGUNDO.- Una vez recibidas las actuaciones en la Audiencia Provincial, se
turnaron a esta Sección, acordándose la formación del oportuno Rollo para conocer del
recurso y la designación de Ponente. Reunida la Sala al efecto, quedó votada la sentencia
acordándose el Fallo que se expresará.

FUNDAMENTOS JURIDICOS.

PRIMERO.- Se formula recurso de apelación por el demandado contra la
sentencia que estimando la demanda considera que ha existido vulneración del derecho al
honor del demandante en las manifestaciones efectuadas por aquel en el foro de la Unión
de Radio Aficcionados de la que ambos forman parte, en relación con la condición de
policía local del actor, de sus conocimientos y de sus actuaciones como policía local, al
considerar la sentencia de instancia que dichas manifestaciones han vulnerado o afectado
al prestigio profesional del demandante.

En el recurso formulado se alega que las expresiones realizadas por el apelante y
que se han considerado vulneradoras del derecho al honor, se emitieron a raíz de la
publicación de una denuncia formulada por el actor contra el propio demandado, en un
contexto de enfrentamiento electoral, sin que exista intensidad en el ataque dialéctico, no
existiendo más que una alusión a la condición profesional de una persona, sin que la
valoración realizada por los testigos que han declarado en el procedimiento sea la
determinante de la existencia o no de la vulneración del derecho al honor, no
compartiendo la valoración que al respecto se realiza en la sentencia de instancia.
Por la parte apelada se interesa la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.- La protección del derecho al honor esta establecida en la LO
1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal
y Familiar y a la Propia Imagen cuyo art. 1.1 establece que “el derecho fundamental al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizado en el art. 18
CE, será protegido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas, de
acuerdo con lo establecido en la presente ley orgánica”.

El art. 7 de la referida Ley establece los supuestos de intromisión ilegítima,
considerando como tales, entre otras, la imputación de hechos o la manifestación de
juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la
dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación
Sobre la protección del derecho al honor existe una consolidada doctrina
jurisprudencial, recogida entre otras, en sentencias de 16/11/2010, 26/03/2012,
3/04/2012, en las que se afirma que el derecho al honor protege frente a atentados en la
reputación personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una
persona, independientemente de sus deseos (STC 28/01/2003) impidiendo la difusión
de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que
provoquen objetivamente el descrédito de aquella (STC 3/07/2006). La
jurisprudencia constitucional y la ordinaria consideran incluido en la protección del
honor el prestigio profesional.

El derecho al honor, según reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado por las
libertades de expresión e información. La libertad de expresión comprende la emisión de
juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo
La limitación del derecho al honor por la libertad de expresión e información
tiene lugar cuando se produce un conflicto entre ambos derechos, el cual debe ser
resuelto mediante técnicas de ponderación constitucional, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso (SSTS de 13 de enero de 1999 , 29 de julio de 2005)
Centrándonos en el derecho a la libertad de expresión, que es el invocado en este
proceso, la técnica de ponderación exige valorar, en primer término, el peso en abstracto
de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión. Desde este punto de
vista, la ponderación (i) debe respetar la posición prevalente que ostentan el derecho a la
libertad de expresión sobre el derecho al honor por resultar esencial como garantía para la
formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que
exige el principio democrático (STS 11/03/2009); (ii) debe tener en cuenta que la libertad
de expresión, según su propia naturaleza, comprende la crítica de la conducta de otro,
aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se
dirige (SSTC 17/01/2000, 26/02/2001, 15/10/2001, entre otras), pues así lo requieren el
pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe «sociedad
democrática». Al respecto, el Tribunal Supremo en la Sentencia de 3/04/2012
señala,”Desde el punto de vista abstracto, dado que estamos en presencia del ejercicio de
la libertad de expresión, (i) debe partirse de la prevalencia de este derecho frente al
derecho al honor del demandante y (ii) no es suficiente para considerar que se ha
lesionado el derecho al honor que las expresiones utilizadas en relación al
demandante tiendan a menoscabar su reputación, ni siquiera que puedan resultar
desabridas, sino que es menester aplicar la técnica de la ponderación para inferir si,
atendidas las circunstancias del caso, la colisión con el derecho al honor del
demandante puede invertir la posición prevalente que la libertad de expresión
ostenta en abstracto en una sociedad democrática.

La técnica de ponderación exige valorar, en segundo término, el peso relativo de
los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión. Desde esta
perspectiva,(i) La ponderación debe tener en cuenta si la crítica tiene relevancia pública o
interés general o se proyecta sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión
de notoriedad o proyección pública (SSTS 25 de octubre de 2000 ), pues entonces el peso
de la libertad de información es más intenso, como establece el art. 8.2.a) LPDH, en
relación con el derecho a la propia imagen aplicando un principio que debe referirse
también al derecho al honor. La protección del derecho al honor debe prevalecer
frente a la libertad de expresión cuando se emplean frases y expresiones ultrajantes
u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto,
innecesarias a este propósito, dado que el artículo 20.1.a) CE no reconoce un
pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con la norma
fundamental. En relación con ese último punto, de acuerdo con una concepción
pragmática del lenguaje adaptada a las concepciones sociales, la jurisprudencia mantiene
la prevalencia de la libertad de expresión cuando se emplean expresiones que, aun
aisladamente ofensivas, al ser puestas en relación con la información que se pretende
comunicar o con la situación política o social en que tiene lugar la crítica experimentan
una disminución de su significación ofensiva y sugieren un aumento del grado de
tolerancia exigible, aunque puedan no ser plenamente justificables (el art. 2 .1 LPDH) se
remite a los usos sociales como delimitadores de la protección civil del honor. La
jurisprudencia, en efecto, admite que se refuerza la prevalencia de la libertad de
expresión respecto del derecho de honor en contextos de contienda política, y así lo
viene reconociendo esta Sala, entre otras, en las SSTS de 26 de enero de 2010 (en la que
se relaciona a un partido político con un grupo terrorista); 13 de mayo de 2010 (se critica
una actuación política del partido de la oposición); 5 de noviembre de 2010 (referida a
imputaciones hechas al alcalde por el partido de la oposición en un boletín popular); 1 de
diciembre de 2010 (discusión política). Sin embargo, estas consideraciones no deben
limitarse al ámbito estricto del ágora política, sino que la jurisprudencia viene
aplicando idénticos principios a supuestos de tensión o conflicto laboral, sindical,
deportivo, procesal, y otros. Así, las SSTS de 22 de diciembre de 2010 (en el contexto
de la dialéctica sindical); 22 de noviembre de 2010 (sobre imputación a un concejal de
delito de estafa y falsificación documental que luego es absuelto); 9 de febrero y 21 de
abril de 2010 (en conflicto laboral); 18 de marzo de 2009 (confrontación en ámbito de
periodismo futbolístico).

En la sentencia de 16/10/2012, el Tribunal Supremo reitera que la protección del
derecho al honor debe prevalecer frente a la libertad de expresión cuando se emplean
frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se
expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el art. 20.1.a) CE no
reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con la
norma fundamental. Por su parte, la STS de 14/04/2000, ha declarado que, por
consustancial que sean al género satírico tanto la ridiculización del personaje y el tono
jocoso o burlón como la brevedad y rotundidad del mensaje, acudir a ese género no borra
ni elimina los límites que impone la protección del derecho fundamental al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El TC aprecia intromisión ilegítima a
través de un texto, historieta o cómic pese a su tono jocoso o burlón cuando el llamado
animus iocandi [intención de bromear] se utiliza «precisamente como instrumento del
escarnio» (STC 176/95).

TERCERO.- Aplicando la anterior doctrina al caso de autos y pese a que los
comentarios del demandado puedan ser calificados de desafortunados e innecesarios,
consideramos que en este caso no ha existido una violación o intromisión en el derecho al
honor del demandante; en efecto, no puede dejar de tenerse en cuenta que las
manifestaciones efectuadas por el demandado que se consideran atentatorias a su derecho
al honor en su vertiente de prestigio profesional y que son las siguientes “tú eres policía
?, qué clase de policía eres?, no fuiste a clase el día que explicaron la prescripción?,
tampoco fuiste el día que explicaron la caducidad de las actuaciones?, tengo la
impresión de que has hecho novillos muchos días en la academia, resulta increíble que
siendo policía no sepas a estas alturas..., ya quedamos en que cuando explicaron la
prescripción y la caducidad ...hiciste novillos y por eso desconocías esas instituciones,
veo que también has hecho novillos cuando explicaron las diligencias previas y la
averiguación de indicios, total que entre la denuncia falsa que presentaste hace 9 meses y
tu desconocimiento de las instituciones ya mencionadas es como para echarse a temblar
en ciertos supuestos que no me atrevo ni a escribir”
, se emiten en un foro privado de
radioaficcionados del que forman parte actor y demandado, en una conversación privada
entre ambos a la que pueden tener acceso otros miembros del foro y a raíz de una
conversación iniciada por el propio actor sobre una denuncia que formuló contra el
demandado en enero de 2010 ante la Dirección General de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información y respecto de la que no se tenían noticias, creyendo el
demandado que estaría archivada y negando dicha circunstancia el actor, solicitando éste
que lo demuestre con documentos, a raíz de lo cual, se emiten las manifestaciones que se
han entrecomillado; considera la Sala que las manifestaciones del demandado sobre la
condición de policía del actor y sobre sus conocimientos o falta de conocimientos acerca
de instituciones como la prescripción o la caducidad que generan la terminación de un
procedimiento, pese a que puedan calificarse de desafortunadas e innecesarias, no
constituyen un ataque al honor del demandante que deba prevalecer sobre el derecho a
expresar libremente las propias opiniones o juicios de valor habida cuenta de que se
encontraban ambos conversando coloquialmente en un foro común, las manifestaciones
del demandado se producen como respuesta a unas manifestaciones del actor sobre la
denuncia previa y las expresiones utilizadas si bien son irónicas y se emiten en tono
de burla, no son insultantes en si mismas, ni ultrajantes u ofensivas en si mismas
consideradas aunque puedan molestar al actor por poner en entredicho sus conocimientos,
como policía que es, sobre el curso de una denuncia. El Tribunal Supremo, como se ha
dicho, reitera que la libertad de expresión, según su propia naturaleza, comprende la
crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o
disgustar a aquel contra el que se dirige, llegando a indicar que no es suficiente para
considerar que se ha lesionado el derecho al honor que las expresiones utilizadas en
relación al demandante tiendan a menoscabar su reputación, ni siquiera que puedan
resultar desabridas, sino que es menester aplicar la técnica de la ponderación para inferir
si, atendidas las circunstancias del caso, la colisión con el derecho al honor del
demandante puede invertir la posición prevalente que la libertad de expresión ostenta en
abstracto en una sociedad democrática y, en este caso, no puede dejar de tenerse en
cuenta que el actor formuló una denuncia por unos hechos que afectaban al demandado y
en la que se hacía referencia expresa al mismo y la conversación en la que se realizan las
manifestaciones que el demandante considera atentatorias a su honor, se inicia en relación
con dicha denuncia y con la posibilidad de su archivo, de ahí las referencias a la
caducidad y la prescripción y al desconocimiento que pueda tener el actor sobre dichas
instituciones.

Conforme a lo expuesto, el recurso debe ser estimado y la demanda formulada
desestimada
pese a lo cual, consideramos que no procede hacer imposición alguna sobre
las costas causadas en la primera instancia dadas las dudas de derecho que pueden existir
en la valoración de las expresiones y manifestaciones efectuadas por el demandado
respecto del actor como resulta del hecho mismo de que se hayan dictado resoluciones
distintas en primera y en segunda instancia, haciéndose uso al efecto de la posibilidad
establecida en el art. 394.1 de la LECivil de no hacer imposición de costas a la parte que
haya visto rechazadas sus pretensiones cuando el Tribunal aprecie que el caso presentaba
serias dudas de hecho o de derecho.

CUARTO.- La estimación del Recurso de apelación lleva consigo que no se haga
imposición alguna de las costas causadas en segunda instancia, conforme establece el
art. 398 de la LECivil.

VISTOS los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente
aplicación, y en razón a lo expuesto,

F A L L A M O S

Que estimando el recurso de apelación sostenido en esta instancia por DON
JUAN JOSÉ ROSALES FERNÁNDEZ contra la sentencia de fecha 18/09/2015
dictada por la Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Sn Fernando en
los autos ya citados, REVOCAMOS la misma y en su lugar, DESESTIMANDO la
demanda formulada por DON JOSÉ MANUEL CARRILLO LUQUE absolvemos a DON
JUAN JOSÉ ROSALES FERNÁNDEZ, de la pretensión contenida en aquella, sin hacer
imposición alguna de las costas causadas ni en primera ni en segunda instancia.

Devuélvase a la parte apelante el depósito constituido para recurrir.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio literal al Rollo de
Sala y se notificará a las partes haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse
recurso de casación en el caso de concurrir las circunstancias previstas en el art. 477.3 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en su caso, recurso extraordinario por infracción
procesal, juzgando en esta segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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